El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que aprobó este viernes el Gobierno forma parte de una estrategia que tiene como objetivo fundamental sentar las bases para un modelo de desarrollo y crecimiento de la economía española más sostenible. De esta estrategia formará también parte un Fondo de Capital de veinte mil millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, y un programa de reformas estructurales con un horizonte de diez años.

La Ley se articula sobre tres grandes pilares: la mejora del entorno económico, el impulso de la competitividad y la apuesta por la sostenibilidad medioambiental.

En el terreno económico, entre otras medidas, la Ley se propone reducir los plazos de pago de las administraciones públicas a pymes y autónomos de 60 a 30 días como máximo, así como obligar a todas las sociedades cotizadas a realizar un informe sobre las remuneraciones de los consejos de administración y del equipo directivo, que deberá someterse a votación como un punto separado en las juntas de accionistas.

El plazo de los pagos a proveedores en el sector privado también se limitarán a un máximo de 60 días, al tiempo que se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.

El anteproyecto contempla también una mayor transparencia en lo que se refiere a la remuneración del personal directivo no sólo del sector financiero, sino de todas las sociedades cotizadas. Además del informe de remuneración que deberán elaborar estas empresas, el Banco de España prestará una especial atención a estas políticas de remuneración para que sean "responsables" y las entidades financieras deberán publicar información sobre sus políticas de retribución.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, que presentó al término del Consejo de Ministros el citado texto, indicó que las políticas de retribución de las entidades financieras deberá ser "parte de una gestión prudente" para evitar que medidas centradas en el corto plazo "pongan en riesgo" la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

Además de estos cambios, el anteproyecto incorpora medidas sobre la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, la agilización en la creación de empresas o mejoras fiscales a la rehabilitación de viviendas, a la I+D+i o a las políticas medioambientales, así como modificaciones en la ley de contratos públicos.

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Extraído de Media Responsable